Una pareja se separa. Tienen hijos menores y, aparentemente, todo funciona.

Los niños pasan unos días con cada uno.
Han acordado quién paga qué.
Se organizan las vacaciones.
Incluso han hablado de una pensión.

No han puesto nada por escrito. O lo hicieron, pero nunca se aprobó judicialmente.

Y mientras todo funciona, parece que no hay ningún problema.

El problema aparece cuando uno deja de cumplir.

Porque un acuerdo entre los progenitores no tiene la misma fuerza que unas medidas aprobadas judicialmente.

Imagina que, de repente:

– Uno deja de entregar a los niños cuando corresponde.
– Deja de pagar la cantidad que habían acordado.
– Cambia unilateralmente el régimen de estancias.
– Se niega a respetar lo pactado para las vacaciones.

Y entonces aparece la pregunta:

“¿Puedo ejecutar judicialmente nuestro acuerdo?”

Si no existe una resolución judicial que establezca esas medidas, no puedes acudir directamente a una ejecución de sentencia para exigir su cumplimiento, porque no hay una sentencia o auto que ejecutar.

¿Qué significa esto?

No significa que lo acordado no tenga ninguna importancia.

Pero la situación jurídica es muy diferente cuando existe un convenio regulador aprobado judicialmente que establece las medidas sobre los hijos.

Además, mientras no exista una resolución judicial, determinadas decisiones pueden quedar en una situación de incertidumbre si la relación entre los progenitores empeora.

“Pero si nos llevamos bien…”

Perfecto.

Precisamente cuando existe buena relación puede ser un buen momento para regularizar la situación.

Porque el problema no suele aparecer cuando todo funciona.

Aparece cuando las circunstancias cambian.

Un nuevo trabajo.
Una nueva pareja.
Un traslado.
Problemas económicos.
Una discusión.

Y lo que durante meses parecía sencillo puede convertirse en un conflicto.

No se trata de desconfiar del otro progenitor. Se trata de dar seguridad jurídica a una organización familiar que afecta, sobre todo, a vuestros hijos.

Juan Manuel Aguado Ramon.