El pasado 18 de noviembre de 2024, el Tribunal Supremo marcó un hito en el ámbito laboral con una sentencia que transforma la manera en que deben gestionarse los despidos disciplinarios en España. Este fallo establece que las empresas están obligadas a ofrecer una audiencia previa al trabajador antes de proceder al despido, salvo circunstancias excepcionales que lo justifiquen.
El cambio de doctrina se
basa en la aplicación del artículo 7 del Convenio 158 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que España ratificó en 1985. Este artículo
establece que ningún trabajador puede ser despedido sin que se le haya dado una
oportunidad razonable de presentar su defensa ante las acusaciones formuladas.
¿Qué supone este
cambio?
Hasta ahora, la
jurisprudencia española permitía que un despido disciplinario se ejecutara sin
escuchar previamente al empleado, confiando en que la medida podía ser
justificada en instancias posteriores. Sin embargo, con esta nueva
interpretación, la falta de audiencia previa puede convertir un despido en
improcedente o incluso nulo, obligando a la empresa a readmitir al
trabajador o indemnizarlo.
Impacto en el ámbito
laboral
- Para las empresas:
Este fallo supone una llamada de atención a las organizaciones para que revisen y actualicen sus protocolos en casos de despido disciplinario. La audiencia previa no solo será un requisito legal, sino una herramienta para garantizar la justicia y minimizar riesgos legales. - Para los trabajadores:
Esta sentencia refuerza las garantías de los empleados frente a despidos arbitrarios o precipitados, otorgándoles un espacio para exponer su versión y defender su posición antes de perder su empleo.
Un paso hacia la
modernización
Este fallo no solo
actualiza el marco jurídico español, sino que alinea las leyes nacionales con
los estándares internacionales. Según el Supremo, el cumplimiento de los
convenios internacionales, como el de la OIT, es esencial para garantizar la
protección de los derechos laborales.
¿Qué se espera a
partir de ahora?
Con esta sentencia, las
empresas deberán extremar las precauciones en la gestión de los despidos
disciplinarios. Aquellas que no cumplan con este procedimiento corren el riesgo
de enfrentarse a costosas indemnizaciones o a la reinstalación del trabajador
despedido.
Este cambio subraya la importancia de actuar conforme a las normas internacionales y refuerza la posición de los empleados en la relación laboral, fomentando un entorno más justo y equilibrado.
